Una planta para reciclar basura y reemplazar al relleno sanitario

Una planta para reciclar basura y reemplazar al relleno sanitario

Recibirá y procesará unas 1.000 toneladas de residuos que ahora van a Ensenada.

PorSebastián Clemente clarin 25-11-10

Una planta de tratamiento de basura que aspira a reemplazar los rellenos sanitarios y es capaz de reciclar basura para convertirla en combustible, materia prima, material de relleno no contaminante y abono para la actividad agrícola, y que además incorporará un sistema nunca antes utilizado en América Latina, comenzará a funcionar en La Plata durante el primer trimestre de 2012, según anunciarán hoy autoridades de la Agencia Ambiental del municipio y miembros de la empresa que ganó la licitación pública.

El emprendimiento, que tendrá un costo de 41.5 millones de dólares (aportados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires), empleará a 70 personas y estará destinado a reemplazar el relleno sanitario de Ensenada, que debe cerrar debido a que estudios ambientales determinaron que contamina. La planta, que tendrá 30 mil metros cuadrados de superficie, todavía no tiene establecido su lugar de construcción, aunque trascendió que, de los espacios probables, el que tiene más chances de albergarla es el Parque Industrial 2, en el kilómetro 50 de la Ruta 2 y a 3 kilómetros del centro urbano más cercano. “Está dentro de un parque industrial porque constituye un proceso industrial”, le dijo a Clarín Joan Griñó, al frente de la española Sanea, que cuenta en distintas ciudades de España con seis plantas que utilizan las mismas técnicas de reciclado de basura. Además, el sistema funciona en, por lo menos, otros 32 puntos de Europa.

“Le encargamos un estudio a la Universidad de La Plata y concluyeron que es necesario cambiar el paradigma de los rellenos sanitarios, y hacia eso vamos”, aportó el presidente de la Agencia Ambiental La Plata, Sergio Federovisky, que junto al intendente Pablo Bruera presentará este mediodía el flamante emprendimiento.

La nueva planta tratará las 700 toneladas de basura que, por día, genera la ciudad de La Plata (la Ciudad de Buenos Aires produce 5.000), a las que se sumarán otras 300 que llegarán de Ensenada, Berisso, Brandsen y Punta Indio. Según la Agencia Ambiental, el 80% de la basura que ingresará se reciclará en materias primas para la fabricación de distintos elementos, combustibles para industrias como la del cemento y abono para la actividad agrícola. El 20% restante se compactará y servirá como relleno para las distintas canteras que hoy constituyen un peligro, ya que o están llenas de agua y se convierten en basurales.

Claro que, por tratarse de un tema como el tratamiento de la basura, genera resistencia entre los vecinos. Y los que se manifestaron el lunes, aprovechando el regreso de miles de automovilistas de la Costa, por el fin de semana largo, fueron quienes viven en la zona de Abasto, donde se supone que se instalará la planta.

Según declararon los manifestantes, decir que la planta es de “tratamiento” es “un nombre romántico” que se le da para encubrir la instalación de un basural. Como contrapartida, desde la Agencia Ambiental dijeron que trabajarán en campañas de información para que la gente sepa cómo es el funcionamiento.

Griñó explicó que no habrá contaminación. Por un lado porque el 80% de los residuos que ingresan se reciclan, y por el otro, porque el 20% restante corresponde a “material seco, residuos inorgánicos que son compactados e impermeabilizados”.

Saturados los rellenos sanitarios de José León Suárez, González Catán y Ensenada, que reciben 14.500 toneladas de basura todos los días, la planta de La Plata es una alternativa al actual sistema de tratamiento de la basura e iniciativas similares podrían tomarse en otros distritos del Conurbano, que tomaron nota de la situación y realizan estudios al respecto.

Construcciones

Acuerdan proteger edificios construidos antes de 1941

La norma que los resguarda vence en diciembre. Y corren riesgo de demolición.

PorPablo Novillo Clarin. 25/11/10

La Legislatura porteña acordó prorrogar por un año la ley que protege de ser demolidos a los edificios construidos antes de 1941 , luego de que organizaciones vecinales alertaran que podrían tirarse abajo varias construcciones con valor patrimonial.

El acuerdo político entre los bloques legislativos se alcanzó casi al mismo momento en que el Ejecutivo porteño autorizó la demolición de los edificios de La Imprenta y La Cuadra, en Palermo, que precisamente son de antes de 1941, tal como anticipó ayer Clarín .

La prórroga será para la ley N° 3.056, que fue promulgada en mayo del año pasado, pero que vence el próximo 31 de diciembre. Esa norma establece un procedimiento que, si bien no prohíbe las demoliciones, al menos dispone un mecanismo de control.

¿De qué se trata? Si un particular quiere demoler un edificio, de cualquier año, debe pedirle al Gobierno porteño una autorización , y en la medida que los planos sean correctos, la Ciudad la otorga. Pero con los edificios construidos antes de 1941, el Gobierno está obligado a enviar esos pedidos de demolición al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), un organismo mixto conformado por el Ministerio de Cultura, la Legislatura y entidades especializadas como la Facultad de Arquitectura de la UBA o el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

Cuando la CAAP recibe un pedido, debe evaluar si el edificio tiene o no valor patrimonial . En este sentido, estudian por ejemplo si tiene valor histórico, en qué área se encuentra, su estado de conservación original y su situación actual, entre otros parámetros.

De esta forma pueden autorizar la demolición o darle una protección preventiva hasta que la Legislatura porteña determine qué tipo de protección definitiva le da: cautelar (se resguardan la fachada y algunas partes de la construcción), estructural (un grado mayor, sólo se permiten pequeñas reformas) o integral (no se lo puede tocar).

Claro que esto sucede porque el Gobierno porteño desde hace años que debe la finalización del catálogo de edificios con valor patrimonial, como tienen muchas ciudades en el Mundo. Esto permitiría definir para siempre qué edificios se deben preservar y cuáles no.

El problema es que si la ley N° 3.056 no es prorrogada cualquier edificio podría ser demolido. Por eso, varias organizaciones no gubernamentales se movieron para pedirle a los legisladores que sostengan la protección. Marcelo Magadán, de la asociación Basta de Demoler, explicó: “Juntamos más de 1.500 firmas de vecinos para pedir la prórroga, porque está en riesgo una parte importante del patrimonio de la Ciudad. Aún con la ley en vigencia se perdieron edificios notables, por eso es clave que se sancione la prórroga y sobre todo que el Ejecutivo termine el catálogo definitivo”.

Aún con el CAAP en funcionamiento, se estima que fueron protegidos sólo un 15% del total de edificios con permiso de demolición pedido. Esto fue lo que pasó en el caso de La Imprenta y La Cuadra).

El acuerdo para sancionar la prórroga fue confirmado por fuentes de PRO, Proyecto Sur, Coalición Cívica y el Peronismo. Patricio Di Stéfano, legislador macrista y presidente de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico, explicó: “Es cierto que falta trabajo, pero cuando PRO llegó al Gobierno, en el Registro había sólo unos 1.800 edificios protegidos, y hoy ya son 2.556, más 2.304 que tienen protección preventiva de la CAAP”.

Para el sector de la construcción, si bien hubo algunas resistencias, la prórroga de la ley N° 3.056 parece razonable . “Es preferible que se mantenga la ley y no que haya un vacío legal. Pero lo importante es que el Ejecutivo termine el catálogo, porque ahora la CAAP demora entre 30 y 45 días para emitir cada dictamen, y es mucho tiempo para el negocio de la construcción”, afirmó Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos.

Linea E

Facilitará el transporte en el microcentro

La ampliación del subte E estará lista para el 2012

El ministro Julio De Vido aseguró que la traza irá de Plaza de Mayo a Retiro y unirá las cabeceras de cuatro líneas, a un costo de $ 700 millones.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, adelantó que las obras de extensión de la Línea E de subterráneos estarán finalizadas para el año 2012. Según el ministro, esto “habla a las claras” de que al gobierno “no lo apuran los términos electorales sino, fundamentalmente, las cuestiones estratégicas”. De Vido dijo durante una recorrida por las obras de extensión de la Línea E que “es una obra terminada que estará en los 700 millones de pesos y resulta fundamental para la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, porque unifica a las cinco líneas actuales por sus cabeceras”.

La obra unirá la actual cabecera de Estación Bolívar, con una nueva en Retiro, conectando con otras cuatro líneas, a partir de la creación de nuevas estaciones.
La prolongación de esta línea –que hoy une las cabeceras Plaza de los Virreyes, en Flores, y Bolívar, junto al Cabildo– correrá en diagonal por debajo de la Plaza de Mayo y, luego, tomará el eje de la avenida Alem hasta Retiro. “Generalmente, en Argentina las rutas son radiales, y cuesta darle un sentido de transversalidad para resolver la integración geográfica del país”, dijo el ministro.

Las tres nuevas estaciones se llamarán Correo Central, Catalinas y Retiro y la extensión total entre las cabeceras será de 11,6 kilómetros.

TiempoArgentino 25-11-10

Ley de Prepagas

Es el proyecto enviado hace dos años

El Senado aprobó la Ley de Prepagas y volverá a ser tratada en Diputados

Por Leandro Renou TiempoArgentino 25-11-10

La Cámara Alta, por unanimidad, le dio el visto bueno en general. Debido a los cambios introducidos en los artículos, el texto regresa a la Cámara Baja. Los consumidores dudan que se ponga en discusión el año que viene.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que regula la medicina privada, aunque por los cambios introducidos en tres de sus artículos, el texto deberá volver a la Cámara de Diputados. Para las asociaciones de consumidores, se trata de un triunfo con sabor amargo, porque si bien el texto fue aprobado, no será convertido en ley, y el hecho de que vuelva a Diputados implica que por todo un período no habrá una norma que regule al sector (ver recuadro).

Ayer el Senado concentraba todas las miradas tras el fracaso opositor en esa Cámara para avanzar con tres proyectos clave (ver aparte). El proyecto de prepagas tuvo un tratamiento relativamente veloz que culminó a minutos de la medianoche. Con 59 votos favorables y ninguna oposición, la norma se aprobó en general. Luego, en la discusión por artículos se hicieron modificaciones que no violentan el espíritu de la ley.

A primera hora de la tarde, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, dio la primera señal de que se votaría positivamente en general, al decir que “la demora en el tratamiento fue culpa de todos, pero si no la aprobamos, una ley tan necesaria cae”.

Tras la votación en general, oposición y oficialismo acordaron modificar el artículo 1, excluyendo de la norma a mutuales, cooperativas y obras sociales sindicales; eliminar el 22, del fondo de garantías para la salud, para que pase del 50 al 100% el nivel de depósito; y corregir el inciso B del 25, por el nivel de las multas que recibirán las empresas que infrinjan la ley.
Lo más importante es que no se cambiaron los artículos de preexistencias y aumentos a jubilados, por lo cual quedaría prohibido para las empresas el rechazo a enfermos crónicos y las subas en los planes al sector pasivo. De todas maneras, Diputados está habilitado a debatir todo el proyecto nuevamente.

En este sentido, el radical José Cano, presidente de la Comisión de Salud, afirmó que “hoy las empresas dan de baja a hijos con discapacidad una vez que llegan a los 21 años”, pero recibió un espaldarazo clave por parte del senador por el Acuerdo Cívico y Social, Luis Juez. El cordobés contó que le fue difícil encontrar una prepaga para su hija, que padece parálisis cerebral. “Conocí cientos de casos de rechazo, de este trato displicente, arbitrario de las prepagas. Con esta ley, les estamos dando una tranquilidad a cientos de hogares que querían que los traten como pacientes y no como clientes”, dijo Juez, y agregó que “la amenaza de quiebra es un verso, han hecho fortunas con la enfermedad de la gente”.

La oficialista por Jujuy Liliana Fellner se sumó a los argumentos, respaldados por su compañera de bloque, Blanca Osuna, quien opinó que la ley es un “adiós a las cláusulas abusivas y a los contratos leoninos”.

Los opositores, con el último aliento de respaldo del lobby cruel de las empresas, intentaron colar críticas que no tuvieron asidero en los votos. El encargado del embate fue el menemista por Salta, Juan Carlos Romero, que corrió el ángulo de debate al decir que “se está mirando parte del problema, porque las prepagas son optativas y la obligación real con la salud es del Estado”.

Por último, Cano insistió en la importancia de que el Ministerio sea el órgano de aplicación, porque Comercio Interior, “regulando la actividad no fue bueno, permitió todos los aumentos”.
Al cierre de un debate ordenado y con voluntad a abrir frentes de diálogo, quedó de todos modos la sensación de que era la primera vez que los senadores se sentaban a hablar seriamente del tema.

Con esta ley, casi cinco millones de argentinos estarán protegidos de la discrecionalidad de un sector que, por casi 20 años, hizo negocios y ganó dinero a costas de la buena salud de los jóvenes y la discriminación de los enfermos.
Ahora la palabra la tendrán los Ddiputados.