El patrimonio de la Ciudad / La Dirección General de Bienes administra 1402 propiedades
El 26% de los edificios públicos, usurpado
Son propiedades del gobierno porteño ocupadas irregularmente por particulares; funcionan en ellas desde parrillas hasta lavaderos
Viernes 03 de junio de 2011 | Publicado en edición impresa
Angeles Castro
LA NACION
Uno de cada cuatro inmuebles administrados por la Dirección General de Bienes de la Capital, a cargo de 1402 departamentos, edificios y terrenos pertenecientes al Estado porteño, está ocupado irregularmente mediante tenencias precarias, vencidas o al margen de la normativa vigente.
Esta situación impide que las propiedades puedan ser destinadas a dependencias públicas. Por ejemplo, una comisaría de la Policía Metropolitana, una casa de medio camino para pacientes psiquiátricos y un centro de alojamiento de víctimas de trata de personas permanecen frenados porque los predios que tienen asignados fueron tomados mediante confusas figuras burocráticas o, directamente, usurpados.
Paralelamente, las arcas porteñas abonan anualmente 85 millones de pesos en alquileres de inmuebles para distintas actividades oficiales, según confirmaron fuentes del gobierno porteño, monto que podría rebajarse si se dispusiera de los espacios propios.
El gobierno porteño posee en total 6482 propiedades, según el Registro Unico de Bienes Inmuebles (RUBI), creado y actualizado por la gestión de Mauricio Macri, que al asumir encontró que no existía ninguna base de datos que contuviera esta información.
"Los datos son necesarios precisamente para optimizar el uso de los recursos físicos. A veces, los bienes se pueden reutilizar para la actividad de gobierno; otras, cuando no resultan de utilidad por sus características, se pueden vender y destinar los fondos a políticas públicas, como sucedió con la subasta de los predios de Catalinas: el dinero se invirtió en obras de educación", explicó el director general de Bienes, Juan Martín Barrailh Ortiz.
La mayoría (5080) de esos 6482 inmuebles son administrados por los ministerios de Educación, Salud y Espacio Público, ya que se trata de escuelas, hospitales y plazas.
Los otros 1402 son departamentos, casas, locales, terrenos, bajo autopistas y otros espacios dentro de la órbita de la Dirección General de Bienes, 369 de los cuales (el 26%) están ocupados irregularmente, según informó a La Nacion Barrailh Ortiz.
A las 369 propiedades tomadas, los ocupantes les han dado diferentes usos, según la información oficial. Por ejemplo, 268 de ellas tienen fines habitacionales, pero fueron relevadas 46, que son usufructuadas comercialmente, pese a anomalías dominiales. Funcionan, entre otros, un lavadero, una fábrica de cañerías, un par de metalúrgicas, una empresa de fletes, comercios de ropa y de golosinas, y un bar.
Juicios por desalojos
Si bien desde 2008 hasta la actualidad se logró recuperar 93 inmuebles, el trámite no resulta sencillo para el gobierno porteño. De los 369 que todavía permanecen usurpados, 208 tienen pedidos de desocupación administrativa y a otros 32 ya se les inició juicio de desalojo. Algunos procesos, incluso, vienen de la gestión de Aníbal Ibarra, como explicaron a La Nacion los habitantes de los inmuebles.
En algunos casos, explicó Barrailh Ortiz, los ocupantes presentan amparos a la Justicia para evitar ser desalojados.
Algunas de las irregularidades más notorias registradas en predios a los que el gobierno porteño quiere dar otro destino, según recordó el funcionario, ocurren en Ramón Falcón 2710/14, donde, entre otras actividades, funciona una parrilla al paso. A esa propiedad las autoridades planean afectarla a una comisaría de la Policía Metropolitana. Aunque se dictó el desalojo administrativo del inmueble el año pasado, según fuentes oficiales, la Policía Federal no prestó apoyo.
Tampoco pudo la administración porteña avanzar en la apertura de una casa de medio camino para pacientes psiquiátricos en Pedro Goyena 886. La vivienda, de 202 m2 totales, es habitada -según la Dirección General de Bienes- desde hace más de 20 años por una sola persona, que cobra una jubilación de $ 2500. Cuando se intentó recuperar la propiedad, la mujer interpuso un recurso de amparo.
Si bien algunas ONG lograron la cesión de espacios mediante una ley o resolución, según la Dirección General de Bienes el centro de jubilados que ocupa el petit hotel de Yerbal 1751 no cuenta con ningún respaldo legal que lo autorice a hacer uso del inmueble. Una ley de la Legislatura que regularizaba la situación fue vetada por Macri, ya que se pretende instalar allí un hogar para víctimas de trata de personas. El gobierno porteño había desalojado la propiedad, pero debió restituirla por un amparo.
En tanto, gracias a la recuperación durante este año de una decena de inmuebles tomados, avanzan obras para un jardín de infantes (en la ex escuela shopping), viviendas sociales y el ensanche de la avenida Paseo Colón, mientras que otros ya cobijan actividades oficiales.
