veredas de Flores

Usurpaciones en la ciudad

Nueva suspensión del desalojo de veredas en Flores

Los ocupantes no aceptaron el subsidio que ofreció el gobierno porteño; fallos superpuestos

Jueves 05 de mayo de 2011 | Publicado en edición impresa

Ángeles Castro
LA NACION

La jueza en lo penal y contravencional porteña Claudia Alvaro volvió a postergar el desalojo de las casillas instaladas en veredas del Bajo Flores, ante un nuevo fracaso de las negociaciones entre los usurpadores y el gobierno porteño para lograr una desocupación pacífica, sumado a la negativa del gobierno nacional de concretarla mediante el uso de las fuerzas de seguridad.

El operativo para recobrar las aceras de la avenida Riestra y la calle Portela, tomadas desde hace cuatro meses, fue atrasado por Alvaro cinco días más, luego de que el jueves de la semana pasada fuera suspendido hasta hoy.

Ayer, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social porteño ofrecieron a la única delegada de los ocupantes que acudió a una reunión previamente pactada, Laura Fornos, la posibilidad de abonar a cada familia un subsidio consistente en una primera cuota de 700 pesos. Y, contra la presentación de recibos de alquiler o pensión, nueve cuotas más de hasta 1200 pesos.

La oferta fue rechazada. Fornos llegó acompañada de un abogado, identificado por fuentes del gobierno porteño como Lisandro Teszkiewicz, que impulsó un recurso de amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo, un expediente paralelo a la causa penal por la usurpación en la que se ordenó y luego suspendió el desalojo.

En ese expediente, la jueza Elena Liberatori ordenó ayer a la administración encabezada por Mauricio Macri que abone a las familias un único pago de 7200 pesos, sin la exigencia de acompañar el cobro con ninguna documentación.

Esta modalidad había sido instrumentada, también por orden judicial, para lograr el desalojo de la calle México, hace dos semanas. No obstante, esta vez el gobierno porteño apelará la medida, según confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Desarrollo Social.

Sucede que las autoridades manejan información que sostiene que muchas de las personas instaladas en las veredas del Bajo Flores ya tienen vivienda en barrios carenciados de los alrededores del asentamiento. En efecto, numerosas casillas permanecen vacías la mayor parte del tiempo.

Antecedentes

El desalojo había sido ordenado originalmente por la jueza Alvaro en febrero pasado, pero el gobierno nacional no prestó colaboración y el defensor oficial apeló la decisión.

A mediados de abril, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó el fallo de primera instancia y ordenó a la magistrada que fijara la fecha del procedimiento, para el que debía convocar a las fuerzas federales y no a la Policía Metropolitana, que había demostrado su incapacidad operativa en el expediente judicial.

La jueza dispuso entonces concretar el operativo el jueves pasado, pero la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, volvió a negarse a hacerlo y presentó un recurso contra la sentencia de la Cámara. Alvaro suspendió la medida hasta hoy y ordenó continuar con las negociaciones, que naufragaron.