Al rescate de la vieja cárcel de Caseros
Publicado el 29 de Mayo de 2011 | Tiempo Argentino.
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En los próximos meses, el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE) podría aumentar su papel rector y cambiar el nombre a “ORBE” (Organismo de Regulación de Bienes del Estado). Fernando Suárez, su titular desde 2003, habló con Tiempo Argentino desde su despacho, adornado con viejos relojes ferroviarios y retratos de Néstor y Cristina Kirchner. Allí detalló el proyecto que tiene el ONABE en la vieja cárcel de Caseros; contó la idea de reunir en un solo lugar los archivos más grandes de la Nación; adelantó lo que podría ser una “ciudad del cine” en territorio porteño y dijo que “al Estado no le sobran propiedades, sino que, por el contrario, debería recuperar”.
–¿Qué tipo de tierras hay que recuperar?
–Por ejemplo, el Estado tiene campos, espacios muy importantes en el nivel militar. Pero esas tierras tienen que ver con una etapa del desarrollo de las Fuerzas Armadas, que no es la actual. Los campos tenían que ver con la caballería, con la necesidad de alimentar a las tropas con las vacas. Hoy todo el mundo compra en la carnicería o en el frigorífico. Ningún sector militar tiene un matadero propio. El Estado podría vender esas propiedades, podría reocuparlas.
–¿Cuántas propiedades tiene el Estado nacional?
–Decenas de miles, pero son de muy diversa índole. Por ejemplo, un rinconcito que le sobró a Vialidad al costado de una ruta y la Ciudad Universitaria están registradas como “propiedades” pero no tienen nada que ver entre sí.
–¿Todo está aprovechado?
–No. Ahora tenemos un lugar interesante que puede resolver en gran parte el problema de las villas que están sobre el Riachuelo del lado de la Capital y se tienen que ir. Hay lugar para eso. Nos lo pidió la presidenta personalmente. Es una preocupación directa de ella y nosotros venimos preparando informes sobre espacios en cada provincia.
–Si el Estado Nacional recuperara esas tierras, ¿qué haría con ellas?
–Habría que llevar adelante políticas de vivienda, de asentamientos organizados…
–¿Los terrenos libres del Estado podrían resolver la situación de todos los “sin techo”?
–Casi sí, aunque faltaría una parte. Con el último programa de viviendas, que pide que las tierras las pongan los sindicatos, más lo que tiene el Estado nacional para ser utilizado, un 60 o 70% de los problemas de vivienda popular podrían ser resueltos. El Estado podría aportar una ayuda de mucha importancia, siempre y cuando se hiciera una redistribución de esas tierras, que hoy no están asignadas a viviendas. La Presidencia está ocupada en eso.
–¿Qué pasará con el predio de la cárcel de Caseros?
–El Archivo General de la Nación tiene ahora a su cargo la primera parte demolida de la cárcel y tiene un anteproyecto de la Corporación Andina de Fomento para hacer ahí un edificio central. Toda la vieja cárcel, la que da sobre Caseros, se la dimos al Ministerio de Justicia para que lleve su central de servicios de guardiacárceles. Allí habrá oficinas, museo, escuelas.
–¿Y qué se hará en el predio de la Estación Buenos Aires?
–Se está trabajando en un proyecto, en las 15 hectáreas de esa estación de Barracas, detrás de la cancha de Huracán, a 20 cuadras del Congreso. La idea es hacer ahí una ciudad del cine y la estamos trabajando con el INCAA. Ahí hay un campo, donde termina el tren Belgrano Sur. Al lado hay una gran playa, que era la playa de carga. Cuando armamos el patrimonio de ferrocarriles, sumamos todas las playas de carga menos una, para hacer ahí el predio ferial de la Unión Industrial Argentina, que al final no se hizo porque no hubo acuerdo. Ahora la idea es armar allí un centro cinematográfico de importancia. Sería como entrar a la Paramount, regenteado por el INCAA. Habría un edificio administrativo y galpones modernos para usar como grandes estudios cinematográficos. La directora del INCAA, Liliana Mazure, quiere que sea el lugar donde los directores empiecen a entrar en el mercado. También es probable que si algunos estudios están ociosos, se usen para alquileres comerciales. Eso podría hacerse en dos años.
–¿En qué consiste el proyecto sobre los archivos estatales?
–Estamos trabajando en resolver los problemas edilicios de los archivos de todo el gobierno. La idea es crear un complejo general de archivos, de una gran extensión, que sería parecido a un parque industrial pero de archivos: del Ministerio de Economía, Cancillería, Migraciones, entre otros. Así podremos digitalizar, robotizar y controlar mejor esos archivos. Como el Estado viene creciendo, queremos liberar edificios de papelería inerte y transformarlos en lugares vivos. Estamos trabajando sobre la hipótesis de Ezeiza, donde hay lugares muy adecuados y de fácil llegada.
–¿Cómo es el registro de bienes del Estado?
–Hay uno en el Ministerio de Economía, pero es de carácter contable, y están haciendo una valuación para saber cuánto hay de dinero en bienes del Estado. En algunos casos tienen sólo una dirección. Nosotros, que somos de Planificación, estamos trabajando en Infobien, un sistema de información integral con posicionamiento geográfico. Tenemos mapas, planos, fotografías. Ya están relevadas la Ciudad, la provincia de Buenos Aires y varias provincias más. No está abierto para todo el mundo porque mucha gente ha hecho una industria de la ocupación de terrenos del Estado. Hay empresarios de ocupaciones, que no siempre son espontáneas, se organizan. Entonces, mostrar algunos lugares que están un poco desguarnecidos tiene sus riesgos.
Inmobiliarias marginales
“Hemos sufrido varias ocupaciones y tuvimos una actitud amable con la gente. Pero a medida que uno va estudiando el tema se da cuenta que hay una serie de organizaciones de inmobiliaria marginal: pequeños grupos de negocios”, dice el titular del ONABE, Fernando Suárez. Consultado sobre la situación de Formosa con la comunidad qom La Primavera, Suárez opina: “También hay grupos de pueblos indígenas que tienen tierras controvertidas en el Chaco, en Salta y demás. Esos problemas están demasiado provincializados. Yo creo que el gobierno podría mediar reincorporando esas tierras al Estado Nacional, en una política de intercambio de bienes”.
Para Suárez, “si la Nación quiere tener la responsabilidad de una política, la única manera es tener la tierra”, y cuestiona: “¿Qué pasa si uno hace recomendaciones y la provincia lleva adelante una política al revés? Para que respondan los gobernadores, lo más seguro es que esas tierras sean del Estado Nacional. Es un tema a definir.”
Sobre las mudanzas que a veces se les pide a grupos que viven en ciertos terrenos, el titular del organismo considera que “la única solución para que se muden a un lugar es que sientan que es mejor. Si la gente ve que la van a mudar sin demasiadas ventajas, entonces no se quiere ir. El arraigo tiene un límite. Nadie se quiere quedar en un lugar donde se está muriendo de hambre o donde hay inundaciones permanentes. Esa discusión es porque las propuestas son flojas. Con una buena propuesta, la discusión cambia.”
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