Ideas para que la Capital deje de ser una ciudad tomada
Dirigentes y vecinos proponen más controles y nuevas normas
Por Laura Rocha | LA NACION
Comida en la vereda. Foto: LA NACION
La reforma del Código Contravencional porteño, una presencia más activa del Estado en las calles, regulación de algunas actividades informales y agilización de los procesos para castigar a los infractores. Esas son algunas de las propuestas que funcionarios, legisladores y representantes de asociaciones vecinales aportaron a La Nacion en la conclusión de la serie de notas que este diario ha publicado para exhibir el estado de ilegalidad que, en numerosas zonas y por distintos motivos, domina el espacio público.
La ocupación ilegal o informal de la calle se revela de distintas formas: con la venta ilegal ambulante y con el avance irregular de locales habilitados; con el crecimiento de los asentamientos producto de la marginalidad social y con los que lucran con el estacionamiento; a todo eso se suma el flagelo cotidiano de los piquetes que colapsan el tránsito y crispan tanto a automovilistas como a peatones.
Para Luis Cevasco, fiscal general adjunto de la Ciudad, la ocupación ilegal del espacio público se agravó desde el fin de los edictos policiales, por lo que propone un proceso simplificado para que la Justicia resuelva los casos flagrantes en no más de 24 horas. Javier Ibáñez, presidente de la Agencia Gubernamental de Control, reconoce las trabas legales para actuar al admitir que los inspectores pueden decomisar mercaderías ilegales y labrar multas, pero se encuentran imposibilitados de levantar un puesto callejero.
Ante la pasividad del Estado, la venta ambulante ilegal se instala en calles y avenidas, y va desde falsificaciones de las grandes marcas y baratijas hasta puestos de comida, que crecen día a día y son indicio de la existencia de grupos organizados que reparten mercadería de todo tipo, que luego es vendida en las calles. El negocio, se calcula, mueve entre 2 y 7 millones de pesos por día.
En ese descontrol, de los 6250 puestos de comida que, se estima, ocupan veredas y estaciones, apenas 40 están habilitados, con el riesgo sanitario que ello implica.
Pero no es sólo la venta ambulante irregular. Las aceras también sufren ocupación ilegal por parte de bares, restaurantes y otros comercios que llenan con mesas y sillas superficies que deberían quedar libres para la circulación de peatones. Los puntos más críticos se presentan en los polos gastronómicos de las zonas conocidas como Palermo Soho y Hollywood, Las Cañitas y Puerto Madero. Cada día se hacen cuatro intimaciones y se labran dos multas a locales que cometen este tipo de falta.
En no pocos lugares de estas zonas también se da otro fenómeno: el de los "dueños de cuadra" o valet parking. Desarrollan su actividad en espacios fijos y reciben dinero a cambio del cuidado de coches. En estos casos, los automovilistas entregan las llaves de sus rodados para que los cuidacoches puedan moverlo si hace falta. Están también los "trapitos", que sólo por presencia y prácticamente sin ofrecer contraprestación alguna, obtienen un billete o alguna moneda de quienes quieren estacionar.
Con matices, Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno y actual diputado; Adrián Camps, legislador de Proyecto Sur, y Sandra Vellido, de la ONG Malditos Parquímetros, ven la solución en la intervención eficaz del Estado, empleando la legislación vigente. Otros, como el legislador oficialista Patricio Distéfano y el fiscal Cevasco, juzgan necesario modificar las normas, pero con distintos enfoques: el primero, para erradicar las excepciones que amparan la venta ambulante; el segundo, para agilizar los procesos y sancionar rápidamente.
Otro de los fenómenos de ocupación se produce en veredas y terrenos libres: se trata del asentamiento masivo de personas. Si bien estos movimientos a gran escala han cesado desde diciembre, cuando tuvieron su pico en la zona Sur de la ciudad, las cifras oficiales revelan que cada día se afincan en villas 15 personas. En Retiro, por ejemplo, un nueva villa, llamada San Martín, no detiene su crecimiento. Además, las calles de la ciudad sufren diariamente cortes y manifestaciones que entorpecen y enlentecen la circulación. Cada día hay, en promedio, cuatro piquetes que duplican los tiempos de viaje. El centro de la ciudad es el más afectado por este tipo de contravención. Todas estas situaciones están incluidas en la normativa.
Sin embargo, es poco o nulo el cumplimiento en la aplicación de la ley contravencional por parte de policías, inspectores o funcionarios, coincidieron los expertos consultados por LA NACION, cuyas propuestas pueden leerse en esta página.
Seis problemas y siete propuestas
1. COMIDA EN LA VEREDA. De los 6250 puestos que existen sólo 40 están oficialmente habilitados
2. VENTA AMBULANTE. Mueve por día entre 2 y 7 millones de pesos en la ciudad
3. PIQUETES. Hay, en promedio, cuatro cortes diarios; la justicia porteña no pena los cortes
4. VILLAS. Cada día se afincan en los asentamientos 15 personas más
5. PARKING. Hay varias zonas en las que se han instalado valet parking que funcionan sin permisos
6. MESAS Y SILLAS. Por día se hacen dos multas por ocupaciones indebidas.
Seis problemas y siete propuestas / Soluciones para una mejor convivencia
Seis problemas y siete propuestas
Ideas para que la Capital deje de ser una ciudad tomada
Capacitación a los vendedores de alimentos
Estimulada por la pobreza y el desempleo, la venta de alimentos en la vía pública creció en los últimos años en las grandes urbanizaciones de América latina. La Argentina y la ciudad de Buenos Aires no escapan a este fenómeno, que también ocurre en ciudades como La Paz, Lima y Bogotá.
La venta de alimentos en la calle tiende a no cumplir con las normas de higiene y a plantear problemas de salud en quienes consumen esos alimentos. Sin embargo, los intentos de prohibición han sido inútiles en la región. En este momento, como organismo de control, creemos necesario continuar difundiendo las normas adecuadas de higiene y capacitamos a los vendedores que manipulan alimentos. En los últimos dos años capacitamos a más de 70.000 manipuladores e impulsamos campañas para fomentar el consumo de alimentos seguros.
Sin embargo, por medio de la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria, debemos ejercer el poder de policía para cumplir con el Código Alimentario Argentino. Así, debemos labrar actas de infracción, decomisar los productos y clausurar; no tenemos facultades para levantar un puesto de la calle porque eso constituye una contravención. Los aumentos en la cantidad de puestos inspeccionados (más de 2000 en 2009 y más de 3000 en 2010) y de comida decomisada (más de 1000 kg en 2009 y más de 2600 kg en 2010) fueron a la par del incremento de la pobreza, el desempleo y las migraciones hacia los grandes centros urbanos.
Javier Ibañez
PRESIDENTE DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Más presencia del Estado y decisión política
El espacio público es un escenario de cruce y encuentro de las distintas realidades sociales que conviven en Buenos Aires. Pensarlo como la posibilidad de una isla perfecta implica una actitud, por lo menos, simplista e ingenua. Por un lado, las sucesivas crisis de nuestro país y, sobre todo, la de 2001 dejaron altos niveles de desempleo, atraso educativo y pobreza; por otro, nuestra ciudad está rodeada de un conurbano que la entrelaza con su problemática propia.
Esto no implica que no sea posible transformar y ordenar el espacio urbano. Las soluciones tienen que provenir de políticas públicas, con una presencia activa del Estado local. La venta ambulante o los "trapitos", para tomar algunos ejemplos, requieren convocar a sectores involucrados, de regulación y luego de sanción a los que se colocan fuera del esquema.
Un caso de esta línea de trabajo es el que se llevó adelante durante mi gestión con los carritos de la Costanera, cuando se hizo un relevamiento, se convocó a los involucrados y se dispusieron normas que luego debieron ser cumplidas, al tiempo que se cuidaba que no volviera a surgir la ilegalidad. Es un camino difícil, trabajoso, pero posible y sustentable. Hay otros casos en que la ocupación expresa el interés de lucro de importantes sectores, como por ejemplo la publicidad ilegal; sólo se requieren decisión y voluntad para quitarla.
Las respuestas deben provenir de diagnósticos realistas y de un trabajo serio. Empezar y terminar con el control policial y con normas dictadas para la "tribuna" no soluciona nada, a la vez que torna más violenta a la sociedad y traslada a fiscales y policías un problema complejo y, sobre todo, político.
Aníbal Ibarra
DIPUTADO (DIALOGO POR BUENOS AIRES)
Todos deben involucrarse en el cuidado
El espacio público es la casa de todos. Es el lugar donde la ciudad encuentra su expresión, donde les dice a sus habitantes y a sus visitantes de la preocupación y capacidad planificadora de sus gobernantes, y de la educación cívica, social y cultural de quienes viven en ella.
Los componentes que hacen a ese espacio son variados, y a medida que la ciudad avanza en progresos aparecen nuevos desafíos que se multiplican, que hacen necesario disponer de mayor cantidad y calidad de recursos humanos dedicados a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a través de la defensa de ese espacio.
Tal defensa puede realizarse si se conjugan, con energía sinérgica, la labor gubernamental y la de los ciudadanos en tareas destinadas a la redinamización equilibrada de las distintas zonas de la ciudad. Esto es un objetivo que se ha impuesto desde sus inicios el gobierno de Pro, pero en esto a veces nos sentimos solos, sin la compañía de otros grupos y bloques parlamentarios.
El espacio público tiene que ser considerado un instrumento y herramienta para suscitar una participación responsable de todos. Por otra parte, ese espacio debe transformarse en paisaje de compromiso y redención del patrimonio urbano, en el que se logre estimular el mirar hacia adelante y soñar.
Hacer de los espacios públicos los lugares que hablen de la cultura, de la educación y de la participación de todos nosotros. Es necesario que la población se aferre y transforme en su lema el que "el espacio público nos pertenece y reclama el cuidado de todos".
Cristian Ritondo
DIPUTADO (PRESIDENTE DEL BLOQUE PRO)
Una solución distinta a cada problemática
El manejo del espacio público constituye uno de los problemas más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente existe una fuerte presión sobre los espacios verdes para habilitar emprendimientos gastronómicos comerciales. Se ha impuesto un criterio equivocado de "puesta en valor" que tiende a reemplazar las áreas parquizadas por "plazas secas" cubiertas de cemento. Un ejemplo: la remodelación del parque Chacabuco. Parece que para este gobierno sólo son viables dos modelos; el abandono o el cemento.
En el tejido urbano subsisten muchos de los problemas que se agravaron con la crisis de 2001. El piquete tomó fuerza como forma de protesta en plena época del corralito cavallista. Estimo que esta forma de lucha, que afecta a los ciudadanos sin discriminar responsabilidades, se justifica únicamente en casos extremos. También, producto de la crisis, sufrió un importante incremento de la venta ambulante. Hay que distinguir lo que la ley admite como venta de supervivencia del comercio clandestino de productos. Respecto de la venta de alimentos, nuestro bloque presentó un proyecto para habilitar ubicaciones definidas y garantizar la calidad de los alimentos puestos a la venta.
La problemática de los llamados "trapitos" tampoco puede abordarse como un todo. Existen organizaciones ilegales, probablemente con beneplácito de la policía, que ejercen un dominio del territorio y chantajean a los automovilistas. Distinta es la situación de los cuidadores que reciben una compensación "a voluntad" y prestan un servicio, caso en el que cabría una reglamentación.
Adrián Camps
DIPUTADO (PROYECTO SUR)
Evitar la utopía del consenso absoluto
Pasear por Buenos Aires se ha vuelto un padecimiento cotidiano. No sería mala idea que el gobierno de Mauricio Macri emitiera una "licencia para ciudadanos de a pie". Más allá de la ironía, casi que requiere una capacitación previa caminar esquivando quioscos de flores sobredimensionados en Belgrano, vendedores ambulantes en la avenida Santa Fe, colectivos que rozan el codo en las calles del centro, motos que pasan en rojo y aparecen de la nada, taxis sin control e impunes camionetas de reparto.
Una descripción aparte merecen lugares disímiles como Liniers y la calle Florida. En derredor de la estación y a ambos lados de Rivadavia, los vendedores coparon de tal modo las veredas que es menester caminar por la calle, entre colectivos, camiones y autos, en un reto en el que siempre pierden los de a pie. Por Florida ya es imposible caminar antes de las 10 y luego de las 17, merced a esa especie de arreglo espurio entre los vendedores ilegales y el gobierno para que la peatonal más emblemática de América del Sur sea terreno exclusivo de artesanos truchos, punguistas y arrebatadores.
No olvido a la mafia de los trapitos, de los limpiadores de vidrios y los cartoneros, que lograron que Buenos Aires esté más sucia que nunca. ¿Soluciones? La única que me viene a la cabeza es aplicar la noción de gobernar como forma de dar gobierno y conferir orden. No se puede gobernar buscando el consenso absoluto. En algún momento Macri y el gobierno deben poner orden contra los abusos diarios. No puedo ofrecer a Macri la receta del éxito, pero sí la del fracaso: intentar conformar a todos.
Sandra Vellido
ONG MALDITOS PARQUIMETROS
Reformar la norma y agilizar los procesos
La actividad comercial clandestina en la ciudad de Buenos Aires puede dividirse en dos etapas: antes y después de la autonomía porteña. Cuando aún existía la municipalidad había una serie de actividades ilegales e ilícitas que se desarrollaban naturalmente en el espacio público y formaban parte de una economía en negro vinculada a la corrupción administrativa y policial. El escenario lo completaban los edictos policiales, que le daban a la fuerza de seguridad un control absoluto sobre la actividad.
Con el advenimiento de la autonomía aparece un nuevo actor, el Ministerio Público Fiscal, y se sanciona el Código Contravencional. Desaparecen los edictos policiales y la policía pasa a ser controlada por un órgano exógeno. Cuando esto ocurre, tanto desde sectores relacionados con la policía como con la política comienza un discurso interesado tendiente a desacreditar la legislación de la ciudad.
Perseguir la venta ambulante no es criminalizar la pobreza. En general, se trata de extranjeros que son atraídos y explotados para ejercer esa tarea por parte de organizaciones delictivas que lucran significativamente.
Con la omisión de la Policía Federal o de la Metropolitana de actuar, incurren en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Es necesario reformar la ley y transformar los procesos para poder sancionar. Debe existir un proceso simplificado con el que se resuelvan estos casos flagrantes en 24 horas.
La situación actual termina dándole una herramienta al corrupto, que amenaza con actuar para cobrar y llena de papeles los tribunales.
Luis Cevasco
FISCAL GENERAL ADJUNTO DE LA CIUDAD
Cambiar la redacción de la ley vigente
La ley vigente de la ciudad prohíbe la venta en el espacio público sin permiso, salvo las siguientes excepciones: cuando se trate de venta ambulatoria de baratijas, artesanías y, en general, la venta de mera subsistencia que no implique una competencia desleal con los comercio. El problema es evidente: la ley prohíbe la venta ambulante y la permite en términos ambiguos.
Baratija significa algo de poco valor, lo cual es algo subjetivo. Es de entender también que la reventa de mercaderías es siempre una competencia desleal efectiva, ya que no paga alquiler, impuestos ni está regulada por las obligaciones que se les imponen a los comercios.
Sin embargo, el punto más contradictorio se da cuando se permite la venta de mera subsistencia. Para quien trabaja de vendedor ambulante su trabajo mismo es de mera subsistencia. Eso abarca a todos los vendedores de todas las mercaderías. La correcta y disparatada redacción de la ley debió ser: se prohíben las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público. Excepciones: ¡todo comercio en el espacio público!
Decía Montesquieu que una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. En este sentido, es necesario analizar si es justo permitir la venta ambulante. Las actividades en el espacio público, para ser legítimas, deben tener un beneficio público. Una actividad realizada por un vendedor privado en beneficio propio es válida en un lugar privado, pero no en uno público.
Patricio Distefano
DIPUTADO (PRO) .
