La nueva villa, junto a la 31
Pero fracasaron. La gente siguió ingresando materiales como todos los días desde diciembre pasado, cuando el juez penal federal Ariel Lijo ordenó cercar el lugar y disponer de las fuerzas de seguridad para impedir que se construyera en ese predio de más de 5 hectáreas, usurpado durante la ola de intrusiones desatada ese mes.
Unas 500 familias viven hoy allí. Primero lo hicieron en precarias casas de tela y chapa. Poco tiempo después, empezaron a verse las primeras construcciones de material. Ayer ya se veían viviendas construidas con ladrillos y cemento, con proyección de crecer en altura. El material de construcción se distribuye a la vista de la policía.
En la víspera, después del mediodía, una versión motivó un fuerte despliegue de agentes de la Federal en la zona: decenas de uniformados hicieron una barrera humana en uno de los dos accesos al asentamiento, en el cruce de la calle 14 y Ramos Mejía. La misma policía informaba que su presencia en el lugar respondía a un posible desalojo. Pero no hubo una nueva orden judicial en ese sentido.
Sólo prevalece una reciente resolución del juez Lijo para evitar que esa usurpación se siga extendiendo en una franja lindera al ferrocarril San Martín, terreno de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), que depende del Estado nacional.
En medio de la confusión de los usurpadores sobre tamaño despliegue policial, hubo algunos insultos y empujones, que terminaron con tres personas detenidas por desacato a la autoridad. Al principio, la policía evitó que esas 15 familias construyeran allí sus moradas. Pero después de las 17, la mayoría de los agentes comenzaron a retirarse y aquéllos continuaron con las obras.
Según contaron habitantes del asentamiento y también agentes policiales, los lotes de esta villa se ganan y se defienden a los tiros. "Hace tres semanas hubo dos muertos porque se pelearon por 30 centímetros de más que tenía un lote", contó Duilio, un ciudadano paraguayo que levanta su casa de material y que llegó al país hace un año tentado por un familiar que vive en la villa 31.
"Nosotros estamos acá para evitar que siga creciendo la construcción. Pero la verdad es que avanza minuto a minuto. Estamos esperando una orden de desalojo para que esto termine", comentó un policía que, como todos los agentes consultados ayer por La Nacion, pidió reserva de su nombre.
Una recorrida por el lugar permitió advertir que muchas construcciones de material tienen pilares de hormigón y hierro, de un metro de profundidad. "Esto te permite hacer tres pisos y te lo aguanta bárbaro", explicó Omar, también nacido en Paraguay. Y advirtió: "De acá no nos vamos a ir, porque estamos cansados de pagar alquiler y queremos una vivienda propia. Hay embarazadas y chicos, por lo que sería una locura que la policía nos desaloje. Nadie nos presta atención, ni Macri ni Cristina".
"Inversiones"
En la villa San Martín hay gente que alquila una pieza a 750 pesos. Son "propietarios" que viven en la villa 31 y que "invierten" en esas tierras usurpadas. "Hay gente que se movió rápido para ocupar el lugar y bueno... es así. Nosotros ocupamos la franja al costado del ferrocarril San Martín, pero la policía no quiere que construyamos porque esto era un terreno que tenían los peruanos, donde se armaba una feria los fines de semana. Yo estoy amenazada de muerte, pero ya no me importa nada", dijo Mabel, una de las ocupantes.
Las casas de material de este asentamiento están a 25 metros de la avenida Ramos Mejía, donde pasan por día miles de turistas hacia y desde la terminal de ómnibus. Según los comerciantes del barrio, la presencia policial en la zona evita, en gran medida, los robos, ya que ese largo pasillo de la calle 14 suele ser un corredor efectivo para los arrebatadores.
Ayer, en la división San Martín de la Policía Federal informaron que no iban a dialogar con la prensa. Fuentes judiciales indicaron, sin embargo, que los operativos en el asentamiento continuarán. Mientras tanto, la nueva villa de Retiro sigue creciendo.
Gendarmería y Policía Federal realizan un operativo para impedir nuevas construcciones. Lanzaron gases lacrimógenos. La orden fue dada por el juez federal Ariel Lijo.Se registran incidentes durante un desalojo en la Villa 31 de Retiro. Efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal realizan un operativo sobre la calle 14 de la villa, un punto conflictivo de ese barrio, en tanto que habitantes de ese lugar resisten la tarea de las fuerzas de seguridad.
La Gendarmería lanzó gases lacrimógenos para intentar impedir que se instale un nuevo asentamiento, donde se sabía del constante ingreso de materiales de construcción.
El procedimiento se está efectuando en la famosa calle 14 o corredor ferroviario y allí los gendarmes son resistidos por habitantes de ese sector de la Villa San Martín.
También se debió asistir a pasajeros del ferrocarril por el efecto de los gases.
La orden fue dada por el juez federal Ariel Lijo, en una acción que evidentemente recibió un guiño desde el ministerio de Seguridad de Nilda Garré.
El juez Lijo explicó esta mañana que ordenó el desalojo de la calle 14 del barrio porteño de Retiro para "evitar que se ocupe" con viviendas esa arteria paralela a las vías del ferrocarril San Martín.
"Se decidió evitar que se ocupe, más que el desalojo. Hace unos días lo que empezó fue una especie de carrera de varias personas por ocupar parte de la calle que da a la estación, levantando el adoquinado", indicó el magistrado por radio Belgrano.
Construcción sin frenos en el predio usurpado en Retiro
Ayer, unos 25 policías no evitaron que 15 familias construyeran casas de material
Jueves 14 de abril de 2011 | Publicado en edición impresa
Pablo Tomino
LA NACION
Ocho patrulleros, tres combis policiales y más de 25 agentes de la Federal intentaron impedir ayer que unas 15 familias avanzaran en la construcción de casas de material en un predio usurpado que fue bautizado por sus habitantes la villa "San Martín", lindera a la estación homónima de trenes y con un callejón que comunica directamente con la villa 31, en Retiro.LA NACION
Pero fracasaron. La gente siguió ingresando materiales como todos los días desde diciembre pasado, cuando el juez penal federal Ariel Lijo ordenó cercar el lugar y disponer de las fuerzas de seguridad para impedir que se construyera en ese predio de más de 5 hectáreas, usurpado durante la ola de intrusiones desatada ese mes.
Unas 500 familias viven hoy allí. Primero lo hicieron en precarias casas de tela y chapa. Poco tiempo después, empezaron a verse las primeras construcciones de material. Ayer ya se veían viviendas construidas con ladrillos y cemento, con proyección de crecer en altura. El material de construcción se distribuye a la vista de la policía.
En la víspera, después del mediodía, una versión motivó un fuerte despliegue de agentes de la Federal en la zona: decenas de uniformados hicieron una barrera humana en uno de los dos accesos al asentamiento, en el cruce de la calle 14 y Ramos Mejía. La misma policía informaba que su presencia en el lugar respondía a un posible desalojo. Pero no hubo una nueva orden judicial en ese sentido.
Sólo prevalece una reciente resolución del juez Lijo para evitar que esa usurpación se siga extendiendo en una franja lindera al ferrocarril San Martín, terreno de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), que depende del Estado nacional.
En medio de la confusión de los usurpadores sobre tamaño despliegue policial, hubo algunos insultos y empujones, que terminaron con tres personas detenidas por desacato a la autoridad. Al principio, la policía evitó que esas 15 familias construyeran allí sus moradas. Pero después de las 17, la mayoría de los agentes comenzaron a retirarse y aquéllos continuaron con las obras.
Según contaron habitantes del asentamiento y también agentes policiales, los lotes de esta villa se ganan y se defienden a los tiros. "Hace tres semanas hubo dos muertos porque se pelearon por 30 centímetros de más que tenía un lote", contó Duilio, un ciudadano paraguayo que levanta su casa de material y que llegó al país hace un año tentado por un familiar que vive en la villa 31.
"Nosotros estamos acá para evitar que siga creciendo la construcción. Pero la verdad es que avanza minuto a minuto. Estamos esperando una orden de desalojo para que esto termine", comentó un policía que, como todos los agentes consultados ayer por La Nacion, pidió reserva de su nombre.
Una recorrida por el lugar permitió advertir que muchas construcciones de material tienen pilares de hormigón y hierro, de un metro de profundidad. "Esto te permite hacer tres pisos y te lo aguanta bárbaro", explicó Omar, también nacido en Paraguay. Y advirtió: "De acá no nos vamos a ir, porque estamos cansados de pagar alquiler y queremos una vivienda propia. Hay embarazadas y chicos, por lo que sería una locura que la policía nos desaloje. Nadie nos presta atención, ni Macri ni Cristina".
"Inversiones"
En la villa San Martín hay gente que alquila una pieza a 750 pesos. Son "propietarios" que viven en la villa 31 y que "invierten" en esas tierras usurpadas. "Hay gente que se movió rápido para ocupar el lugar y bueno... es así. Nosotros ocupamos la franja al costado del ferrocarril San Martín, pero la policía no quiere que construyamos porque esto era un terreno que tenían los peruanos, donde se armaba una feria los fines de semana. Yo estoy amenazada de muerte, pero ya no me importa nada", dijo Mabel, una de las ocupantes.
Las casas de material de este asentamiento están a 25 metros de la avenida Ramos Mejía, donde pasan por día miles de turistas hacia y desde la terminal de ómnibus. Según los comerciantes del barrio, la presencia policial en la zona evita, en gran medida, los robos, ya que ese largo pasillo de la calle 14 suele ser un corredor efectivo para los arrebatadores.
Ayer, en la división San Martín de la Policía Federal informaron que no iban a dialogar con la prensa. Fuentes judiciales indicaron, sin embargo, que los operativos en el asentamiento continuarán. Mientras tanto, la nueva villa de Retiro sigue creciendo.
Incidentes y tensión durante un desalojo en la Villa 31 de Retiro
14/04/11 - 08:28 | clarin.comGendarmería y Policía Federal realizan un operativo para impedir nuevas construcciones. Lanzaron gases lacrimógenos. La orden fue dada por el juez federal Ariel Lijo.
La Gendarmería lanzó gases lacrimógenos para intentar impedir que se instale un nuevo asentamiento, donde se sabía del constante ingreso de materiales de construcción.
El procedimiento se está efectuando en la famosa calle 14 o corredor ferroviario y allí los gendarmes son resistidos por habitantes de ese sector de la Villa San Martín.
También se debió asistir a pasajeros del ferrocarril por el efecto de los gases.
La orden fue dada por el juez federal Ariel Lijo, en una acción que evidentemente recibió un guiño desde el ministerio de Seguridad de Nilda Garré.
El juez Lijo explicó esta mañana que ordenó el desalojo de la calle 14 del barrio porteño de Retiro para "evitar que se ocupe" con viviendas esa arteria paralela a las vías del ferrocarril San Martín.
"Se decidió evitar que se ocupe, más que el desalojo. Hace unos días lo que empezó fue una especie de carrera de varias personas por ocupar parte de la calle que da a la estación, levantando el adoquinado", indicó el magistrado por radio Belgrano.
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