Riachuelo: ribera

Contaminación, un problema con resolución incierta

Riachuelo: en tres años sólo mudaron al 0,32% de las personas de la ribera

Muy pocas cosas se acataron de la orden de saneamiento dispuesta por la Corte Suprema

Laura Rocha

LA NACION sábado 09 de julio de 2011

Dos secretarios de Estado, 100.000 toneladas de basura recogidas de las márgenes, 258 resoluciones judiciales, $ 55.000 de multas a funcionarios y apenas el 0,32 por ciento de viviendas prometidas son algunas de las cifras que muestra el largamente demorado proceso de saneamiento del Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia hace tres años.

Sobre los plazos establecidos en aquel fallo, cabe decir que están todos incumplidos. Y no es que falle el accionar de la Justicia -se celebraron más de 584 audiencias, se emitieron 2052 cédulas y la causa ya cuenta con 29.011 fojas-, pero la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) apenas comenzó a funcionar acabadamente hace un año.

La gran deuda, además del saneamiento del río, claramente es la salud. Todavía hoy no se sabe cuál es el universo de enfermedades que hay en la cuenca por causa de la contaminación ni su distribución geográfica.

En 2008, el máximo tribunal dispuso un plazo de 90 días para la confección de un mapa sociodemográfico que determine la población en situación de riesgo y, en un período posterior de 60 días, poner en marcha un programa sanitario para la población afectada.

Tampoco se produjeron avances en la mudanza del Polo Petroquímico de Dock Sud, prometida desde 2004.

A principios de este año, en enero, el ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, anunció que se dispondrían 3173 millones de pesos para la construcción de 17.771 viviendas sociales para la Cuenca Matanza-Riachuelo. De ese universo, 2500 son viviendas en la Capital.

Seis meses después de ese anuncio, se entregaron 58 casas: se mudaron 18 familias en Avellaneda; 10, en Lomas de Zamora, y 30, en el asentamiento Luján, en la ciudad de Buenos Aires. Todas estas mudanzas son las necesarias para dejar libre el camino de sirga, el espacio donde deben empezar las construcciones. Cabe recordar que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que ejecuta el fallo de la Corte, estableció plazos definitivos para las mudanzas de todos los asentamientos, entre los que se encuentran las villas 21-24 y 26 de la Capital. El plazo es 2013.

Por retrasar esa mudanza y haber permitido la ocupación de un complejo de viviendas, Armella multó con $ 35.000 a Cristina Camaño, secretaria de Seguridad de la Nación. La funcionaria apeló el fallo. Fuentes con acceso al expediente indicaron que hay muchas viviendas en construcción y que se espera que las mudanzas aumenten desde 2012.

Sirga y buques hundidos

El avance en la liberación del camino de sirga es uno de los puntos que más destacan los funcionarios, a la hora de hablar del proceso de saneamiento. Hasta hoy, se liberó la sirga en Avellaneda y buena parte del camino en Lanús, en la Capital y en Lomas de Zamora. En este último distrito, se adeuda la relocalización de la feria La Saladita.

En todo este proceso, se concretó la erradicación total de los 60 buques y sus cascos que permanecían hundidos en las pestilentes aguas del Riachuelo.

"Durante el último año, se notan algunos aspectos positivos que se orientan a lograr una mejora de la situación de la cuenca, como el incremento de la tarea de fiscalización industrial, el avanzado en el despeje del borde de sirga del Riachuelo y una evidente mejora en la limpieza de las márgenes. Sin embargo, existen notables falencias en lo que hace al control de los vertidos en los más de 340 basurales a cielo abierto, donde se han saneado menos del 10 por ciento", dijo a La Nacion Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Respecto de los basurales, por ejemplo, la Corte había dispuesto 180 días de plazo para su eliminación. No sólo la mayoría de ellos persiste, sino que todavía no se ha concretado ninguna acción sobre la localización de las personas que habitan en ellos. Por esta falta, entre otras, se multó al ex secretario de Ambiente, Homero Bibiloni, con 20.000 pesos.

El adjunto del defensor del Pueblo, Anselmo Sella, opinó: "Se deben redoblar esfuerzos en una política ambiental que garantice la vigencia de los derechos humanos en la cuenca". Ese defensor encabeza el Cuerpo Colegiado, encargado de supervisar el proceso del saneamiento del Riachuelo junto con un grupo de ONG, entre las que se encuentran FARN y Greenpeace.

El secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, Juan José Mussi, quien aseguró que en seis años se verá un avance en el saneamiento del río, ayer no quiso hacer declaraciones tras ser consultado por La Nacion. Respecto de las industrias, por ejemplo, la Corte había ordenado que se presente el inventario de empresas radicadas en la cuenca y las muestras de calidad de aire, de agua y de suelo, en septiembre de 2008. Eso todavía no ocurrió.

Un programa inconcluso

Las industrias eran una de las prioridades en el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace tres años, que ordena a los Estados nacional, bonaerense y porteño sanear el Riachuelo.

Sin embargo, el censo y el plan de reconversión industrial todavía no está terminado. Sólo el año pasado, la Acumar determinó que hay unas 20.000 industrias en la cuenca.

A casi 1100 días de la sentencia, todavía no fueron todas inspeccionadas. Según el expediente de la causa, la Acumar ha realizado hasta el momento 15.286 revisiones. Unas 600 fueron declaradas agente contaminante y sólo 411 han presentado el plan de reconversión industrial.

Hasta el momento se han trabado 12 embargos a empresas. El mayor, por 2 millones de pesos.

Lo que se recaude en términos de multas, tanto a funcionarios como a empresas, pasará a formar parte del fondo de compensación que se creó en 2006 junto con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, conformada por los Estados nacional, bonaerense y porteño, y que es encabezada por el secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación.

Ese fondo, que es un fideicomiso, forma parte de los aportes de Acumar. Según información oficial, esos fondos sumaron 24.998.415 de pesos en 2010 y, en lo que va de este año, 37.925.445 pesos. Los aportes en ambos períodos responden a fondos provistos por la provincia de Buenos Aires y por el Estado nacional. No se registran giros realizados por la Capital, según consigna la Acumar.

Una de las falencias que se denunciaron ante la Corte por parte de la Auditoría General de la Nación es que no cuentan con la información necesaria para poder auditar gastos e inversiones. Durante la última audiencia ante la Corte, en junio pasado, el secretario de Ambiente, Juan José Mussi detalló respecto de las obras de infraestructura: "Hay 1.021.000 habitantes que tienen agua potable y 480.000 pobladores, un nuevo sistema cloacal".